La sentencia de hoy del Tribunal de Casación francés pone fin a casi 15 años de procedimientos judiciales y confirma la incautación de activos valorados en más de 150 millones de euros en París. Durante ese tiempo, Guinea Ecuatorial ha perdido todos los recursos posibles en Francia, y una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, donde Teodoro Nguema Obiang (Teodorín), hijo del presidente en el poder desde 1979, intentó abusar de la inmunidad diplomática para evitar ser juzgado y proteger los bienes confiscados en Francia. Esta decisión confirma que la mansión en la exclusiva Avenue Foch de París, los vehículos de alta gama, las colecciones de arte y vino de precio exorbitante, sólo podían haber resultado de la malversación de fondos públicos por parte de Teodorín; ahora un criminal convicto.
En los últimos años, los escándalos de corrupción que involucran al vicepresidente ecuatoguineano han surgido a nivel mundial. En Suiza, un juez ordenó la incautación del yate de Teodorín valorado en más de 100 millones de dólares y una docena de coches de lujo. En Estados Unidos, el gobierno confiscó una mansión en Malibú, un jet privado, vehículos de lujo y recuerdos de Michael Jackson. En Brasil, la policía confiscó 16 millones de dólares en relojes de lujo y dinero en efectivo. Y en Sudáfrica, un juez ordenó la confiscación de dos mansiones propiedad del vicepresidente. Estos casos, sin embargo, son solo la punta del iceberg en un sistema que solo puede ser descrito como un estado completamente capturado por una familia. Todos los miembros de la familia presidencial, en un momento u otro, han estado involucrados directa o indirectamente en investigaciones de corrupción y procesos judiciales. Los casos contra los Kokorev y contra el ex espía Villarejo en España, las investigaciones sobre el Banco Riggs en los Estados Unidos, las investigaciones sobre sobornos por parte de SBM Offshore y los recientes litigios en Portugal involucran a hijos o familiares del presidente. Toda esta corrupción se está produciendo en un país que, a pesar de tener el ingreso per cápita más alto de África, solicitó al FMI un préstamo para responder a la pandemia de COVID-19; un país donde, según el propio gobierno y organismos de Naciones Unidas, la incidencia del VIH y la hepatitis B ha aumentado de manera “alarmante”. Guinea Ecuatorial cuenta con una de las tasas más altas de VIH en la región centroafricana (7,2%). La mortalidad infantil sigue siendo una de las más altas de África, ya que la mayoría de los niños en edad preescolar carecen de acceso agua potable, alimentos de calidad o saneamiento. Esta sentencia debería obligar a la comunidad internacional a dejar de mirar hacia otro lado ante la corrupción. Ha llegado el momento de que los gobiernos utilicen todas las leyes y regímenes de sanciones para negar a los cleptócratas transnacionales el acceso a sus destinos de lujo favoritos. El Reino Unido ya ha comenzado a allanar el camino para romper el círculo vicioso de la pobreza que asola a los países en desarrollo como resultado de los crímenes económicos cometidos por funcionarios corruptos. Los Estados Unidos de América, Francia, Suiza, España, entre otros, deben seguir el ejemplo del Reino Unido e imponer sanciones contra los cleptócratas. Además, el nuevo mecanismo creado por el parlamento francés debe garantizar que la repatriación de activos incluya una amplia participación de la sociedad civil. Esto es especialmente relevante y urgente en Guinea Ecuatorial, donde el saqueo impune de los recursos del país sigue haciendo estragos. |